Admite Corte violaciones en Ley de salarios, pero no la invalida

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Con seis votos a favor y cinco en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue aprobada con violaciones graves al proceso legislativo que le dio origen; sin embargo, no alcanzó la mayoría calificada de ocho ministros para su invalidez total.

Con esto se desestimaron las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y un grupo de 44 senadores.

En la sesión del lunes continuará la discusión, con el fin de determinar si existen o no omisiones legislativas que impliquen la invalidez total del decreto, debido a que no fija un parámetro para determinar el salario del Presidente de la República, que es el tope para el resto de los servidores.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Fernando Franco, Eduardo Medina Mora y Jorge Pardo fueron los seis ministros que estuvieron a favor de invalidar por vicios de procedimiento legislativo; sin embargo, por dos votos faltantes no hubo pronunciamiento de la Corte en ese punto.

En tanto que Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel, Juan González Alcántara Carrancá, Javier Laynez y Norma Piña dieron su voto en contra porque consideraron que no hubo vicios o fueron menores.

En el proyecto presentado por el ministro Pérez Dayán se destacó que transcurrieron más de seis años para que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se aprobara en la Cámara de Diputados, sin dictaminar en comisiones y desconociendo que en ese lapso se aprobaron varias reformas constitucionales que impactan el ordenamiento.

“Esto, a pesar de que así se destacó en la sesión de la Cámara de Diputados del 13 de septiembre de 2018, pidiéndose que la minuta se devolviera a la comisión para su revisión y en la lectura integrada de ese día se hace referencia a la necesidad de corregir la minuta con proyecto de decreto para subsanar las deficiencias advertidas”, explicó en su ponencia Pérez Dayán.

El ministro resaltó que no existió un dictamen de las comisiones involucradas, a pesar de que es una opinión técnica calificada que constituye el documento con el cual, de manera informada, pueden expresar su voto los diversos grupos parlamentarios.

“Se propone calificar tales violaciones al proceso legislativo, con poder invalidatorio al afectar la calidad deliberativa y democrática de la representación nacional, entorpeciendo de manera significativa la responsabilidad de los legisladores para asegurar la eficacia de las disposiciones constitucionales, proponiéndose declarar fundados los conceptos de invalidez”, subrayó.

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