La Justicia impide al presidente de Guatemala expulsar a la misión anticorrupción de la ONU

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Una vez más, la Corte de Constitucionalidad (CC) enmendó la plana al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y le impidió expulsar del país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), un órgano de la ONU que se encarga de investigar los casos de corrupción. Tras ocho horas de deliberaciones, el Pleno de Magistrados de la CC aprobó por mayoría y con el único voto disidente de la Presidenta, Dina Ochoa, “dejar en suspenso” la decisión de Morales de dar por terminado de manera “anticipada y unilateral” el acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG.

De esta manera, la CC otorgó cinco amparos provisionales solicitados por abogados y por la Procuraduría de los Derechos Humanos en contra del Presidente de Guatemala, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y el Congreso, que pretendían expulsar a la CICIG del país bajo el argumento de que ha “vulnerado los derechos humanos” de guatemaltecos y extranjeros a través de su “Justicia selectiva”.

Sin embargo, el máximo órgano judicial del país centroamericano les ha quitado la razón y ha exhortado a las autoridades denunciadas para que “en el ámbito de sus competencias instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la CICIG”, que comenzó a operar en Guatemala en 2007 y que ha llevado a la cárcel al ex presidente Otto Pérez Molina, quien continúa entre rejas acusado de varios delitos de corrupción.

El histórico fallo de la CC debe publicarse de forma inmediata en el Diario Oficial, se notificará a Jimmy Morales así como a los más importantes cargos del Gobierno, como el vicepresidente o la Fiscal General, y “obliga al cumplimiento de lo decidido”.

Esta decisión se ha tomado solo dos días después de que la ministra de Relaciones Exteriores notificara vía carta al secretario general de la ONU, Antònio Guterres que el Ejecutivo de Guatemala rompía unilateralmente el acuerdo de creación de este organismo internacional, al considerar que “pone en riesgo el orden y la seguridad nacional, así como el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado”.

Tras dar un plazo de 24 horas para que la CICIG saliera de Guatemala, Jimmy Morales llegó incluso a amenazar con realizar las denuncias pertinentes ante las autoridades nacionales en contra “de las personas individuales y/o de las autoridades que participaron en actos violatorios de nuestras leyes incluyendo sedición, prevaricato, abuso de autoridad, actos en contra de la Constitución y órdenes ilegales”. Ello provocó que la CICIG pusiera en marcha este martes un dispositivo de seguridad para sacar del país a todos los trabajadores extranjeros y nacionales ante el riesgo de que pudieran ser detenidos y encarcelados. Horas antes, la Dirección General del Gobierno que regula el uso de las armas obligó a los trabajadores de este organismo internacional que se encargan de la seguridad a devolverlas.

Esta situación condujo a varios abogados y a la Procuraduría de los Derechos Humanos a intentar frenar la expulsión de la CICIG por decisión unilateral del presidente, que pretendía que este organismo dejara de funcionar antes incluso de que finalizara su mandato el 3 de septiembre de este año. Ello ya tuvo sus primeras consecuencias en varios casos de corrupción que se dirimen en los tribunales, ya que este martes, los representantes del citado órgano no acudieron a las audiencias judiciales programadas, que tuvieron que suspenderse.

De nada sirvió que el lunes, Morales advirtiera a los jueces de la Corte de Constitucionalidad de que tuvieran “moral y conciencia nacional”, porque “fueron designados para velar por el cumplimiento de la Constitución y no para hacer política”. El Presidente pretendía que la mayor instancia judicial del país no le volviera a contradecir (lo que ya sucedió en agosto de 2017, cuando impidió que el presidente declarase ‘non grato’ al comisionado colombiano de la CICIG, Iván Velázquez, a quien quiso expulsar del país).

La obsesión de Jimmy Morales

La CICIG y, concretamente, el comisionado colombiano se han convertido en la obsesión del mandatario guatemalteco, que ha hecho lo imposible por expulsarlos del país para evitar las investigaciones que ha realizado en su contra y en contra de su familia.

El Presidente ya había anunciado el pasado 31 de agosto a Guterres que no iba a renovar el mandato de la CICIG, que había solicitado hasta en dos ocasiones que retirarle la inmunidad para poder investigarle por financiación electoral ilícitadurante las pasadas elecciones presidenciales de 2015, cuando era secretario general de FCN Nación. Por este delito podría enfrentarse a una pena de entre 4 y 12 años de prisión, dado que el Ministerio Público y la CICIG le acusaban de no declarar el origen de 6,7 millones de quetzales (893.000 euros) en la campaña electoral de 2015 y haber ocultado el ingreso de 7,5 millones de quetzales (903.000 euros) para el pago de volantes electorales y de capacitaciones.

Asimismo, la CICIG también llevó a cabo una investigación junto al Ministerio Público que afecta al hermano y uno de los hijos del presidente, que se enfrentan a un juicio por otro caso de corrupción relacionado con la emisión de facturas falsas en tres adjudicaciones públicas en el Registro General de la Propiedad y por el cual llegaron a estar en la cárcel durante un mes.

La decisión unilateral de Morales fue rechazada “enérgicamente” por el propio secretario general de la ONU, Antònio Guterres, que anunció que el mandato de la Comisión “finalizará el 3 de septiembre de 2019”, por lo que espera que hasta esa fecha, el Gobierno de Guatemala “cumpla integralmente con sus obligaciones”.

En este sentido, Guterres espera que el Ejecutivo de Jimmy Morales “respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal, tanto internacional como nacional de la CICIG”, al tiempo que ha reiterado la “importante contribución” de este organismo “a la lucha contra la impunidad en Guatemala”.

Tras la decisión de la CC, Guatemala está en vilo por conocer cuál será la reacción de Morales, quien ha intentado por todos los medios quitarse de encima la espada de Damocles de la CICIG para evitar ser investigado por corrupción y correr la misma suerte que Otto Pérez Molina, quien lleva ya tres años en prisión preventiva.

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